UNION EUROPEA
Febrero 12, 2025
La decisión T56/21 de la EPO se postula como una de las decisiones más favorables para los titulares de patentes de los últimos años y llega como resultado de décadas de polémicas, recursos y batallas judiciales entre la EPO, las agencias de patentes, los titulares y los juristas.
Hasta ahora, la EPO era la única oficina de entre las más importantes del mundo (las conocidas como IP5 y que incluyen también a Japón, USA, China y Corea) que obligaba a los titulares a adaptar la descripción a las reivindicaciones aceptadas antes de la concesión definitiva.
El problema de esta exigencia es que conlleva riesgos para los titulares y aumenta el trabajo técnico necesario, lo que incrementa los costes y el tiempo total de tramitación.
Además, desde nuestra perspectiva, implica una mayor incertidumbre tanto para los titulares como para los competidores y obliga al titular, en la mayoría de los casos, a limitar en exceso la solicitud. Por eso, los agentes de patentes, como representantes legales de los titulares ante la EPO, siempre hemos tratado de sortear este requisito.
Ahora, esta decisión de más de 90 páginas ahonda en la idea de que no hay fundamentos en la ley para exigir la modificación de la descripción.
Sin embargo, seguimos pendientes de lo que indique la Alta Cámara de Recursos (EBoA), esperando que el resultado de la resolución G1/24 (la vista oral está prevista para el mes que viene) aporte algo de luz sobre si una patente puede servir como su propio diccionario y sobre cómo debe abordarse la relación entre la interpretación de las reivindicaciones y la descripción y las figuras de la patente.
Esperemos que estas decisiones sirvan para cerrar definitivamente la puerta a esta polémica.
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